Editorial

Los estudios que integran el presente número de la Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa ofrecen a los lectores artículos con interesantes puntos de vista sobre diversos temas de importancia y actualidad.

El primer trabajo destaca la conveniencia de empatar las políticas tributarias instrumentadas por el Estado, a efecto de percibir los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en aras de satisfacer las necesidades colectivas, con mecanismos eficaces que potencien la recaudación voluntaria por parte de los contribuyentes, en lugar de recurrir a la coacción e intimidación sistematizada y perenne de las autoridades exactoras. Para lo anterior, propone que sean atendidas, desde el diseño del andamiaje que sustenta al aparato fiscal nacional, las diversas causas de fondo por las cuales los causantes incumplen sus obligaciones tributarias, tanto en los aspectos técnicos como económicos, sociales, políticos y culturales.

La siguiente colaboración se aboca al análisis de uno de los artículos del Código Fiscal de la Federación, incorporado con motivo de la reforma en vigor a partir del ejercicio 2014, el numeral 69-B, que ha dado lugar a la instauración de una presunción legal, así como un procedimiento específico para situaciones en las que presuntamente se hayan expedido y utilizado comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes para efectos impositivos. Asimismo, se incluye una interesante propuesta de reforma con la finalidad de que las facultades de trato sean ejercidas con arbitrio prudente, al implicar una restricción a los derechos humanos de los gobernados frente a un más extenso control de las autoridades.

El juicio contencioso administrativo seguido ante este Órgano Jurisdiccional es el tema base de dos artículos de fondo. El primero, relativo al artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula lo concerniente al procedimiento para reclamar la indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuestión en la que están imbíbitas ciertas lagunas que vienen a complicarse por disposiciones contenidas en otros ordenamientos que devienen también aplicables. Por su parte, el otro ensayo se refiere a los criterios divergentes sostenidos por los juzgadores en cuanto a la posibilidad de ampliar o no, la demanda en el juicio contencioso, por segunda ocasión, cuando con motivo de la contestación a la ampliación sean introducidas cuestiones desconocidas por el demandante.

El agua, como recurso natural de suma importancia no solo para la actividad económica, sino también, para la subsistencia misma de la vida, que con el paso del tiempo se ha vuelto más escaso, es objeto de una amplia regulación administrativa. En mérito de la anterior, el trabajo incluido en esta edición proporcionará a los lectores los conocimientos técnicos necesarios para una mayor comprensión de la legislación en la materia, a propósito de su aplicación. De igual forma, queda planteada la utilización de las herramientas normativas para dar respuesta al problema existente en México, por lo que hace a la insuficiencia de este líquido vital.

La libre expresión se erige como una prerrogativa humana de primera generación, la cual puede ser entendida también como un elemento para el desarrollo y consolidación de la democracia, la política, la transparencia y acceso a la información, que son pilares del actual Estado de Derecho. Sin embargo, en todos esos contextos, el derecho humano en comento debe observar la limitante consistente en el pleno respeto a los derechos de terceros; de ahí que el mismo deba ejercerse con una responsabilidad de índole social, porque de lo contrario se convertiría en un medio para perpetrar, paradójicamente, otros derechos fundamentales. Es así que las funciones más allá de lo jurídico respecto a la libre expresión y comunicación de las ideas, son analizadas en una aportación que prevé este enfoque ex profeso.

Si bien la figura del lavado de dinero, que sintéticamente puede traducirse en la intención de dar apariencia de legalidad al origen y procedencia de diversos recursos económicos, cuando en realidad no lo tienen, es una cuestión con cierto grado de antigüedad, lo cierto es que hoy en día presenta facetas más que innovadoras, gracias al actual desarrollo de la tecnología, que ha perfeccionado las formas e instrumentos para llevar a cabo ese ocultamiento. Por ello, resulta conveniente el examen del fenómeno en sus dimensiones socioeconómica y jurídica, para coadyuvar a la identificación y sanción de operaciones en las que sean utilizados valores con un origen ilícito, conforme a la normatividad vigente.